Violencia e inseguridad: ¿debate perdido para AMLO?

En términos concretos, la estrategia del presidente López Obrador contra la inseguridad avanza, lo que se pierde en la narrativa impuesta al debate político. En esta batalla mediática, los resultados son negativos para la 4T

Twitter: @anajarnar

El asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar ha reavivado la polémica sobre uno de los temas más sensibles para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador:

Los resultados de su estrategia contra la violencia y la inseguridad.

Hay avances en el abordaje de ciertos delitos, como los secuestros y los robos de combustible. Pero en otros, como la extorsión y el homicidio doloso, el saldo es negativo.

Este es ciertamente un problema heredado, con raíces profundas nacidas hace décadas y profundizadas bajo los dos últimos gobiernos.

Ningún país ha logrado, en el corto plazo, resolver una crisis de esta magnitud.

Las soluciones que aparentemente dan resultados se basan fundamentalmente en estrategias de represión, con un alto costo para los sectores más vulnerables de la población.

Estas son acciones de corta duración que muy a menudo solo agravan los problemas no resueltos.

Abundan los ejemplos, algunos muy cercanos, como fue el caso de la llamada política “muy dura” contra las maras en El Salvador a principios de este siglo.

Miles de jóvenes han sido encarcelados y la violencia de los pandilleros no ha cesado, e incluso ha escalado a niveles nunca antes vistos, como el control territorial que ahora mantienen en gran parte del país.

Algo similar sucedió en México. El afán de combatir a los cárteles de la droga solos con los militares -principales generadores de violencia- provocó la pulverización de las grandes organizaciones, y su expansión en más de la mitad del país.

Además de la violencia, el crecimiento territorial de las bandas criminales se traduce en el control de las autoridades y la policía.

En algunos estados, como Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, por ejemplo, el problema data de más de dos décadas.

Esto hace que sea muy difícil aplicar con éxito una política de seguridad, especialmente cuando solo tiene una perspectiva de seguridad pública.

El presidente López Obrador defiende su propuesta de atacar sobre todo las causas de la inseguridad, y ha pagado un alto precio político.

La frase “abrazos no balazos” que resume su estrategia contra la violencia es utilizada como arma política y descalificadora.

Esto es más evidente en crisis como el asesinato de los dos jesuitas. Figuras de la oposición están utilizando el dolor por este crimen atroz como arma de propaganda política.

Algunos, como el impresentable Felipe Calderón, recurren al cinismo extremo y publican un mensaje en Twitter preguntándose si el país ha tocado fondo, mientras olvidan convenientemente que fue su guerra contra las drogas la que inició el baño de sangre por el que atraviesa México.

Más allá de la burla y la desfiguración, lo cierto es que el gobierno del presidente López Obrador no ha comunicado adecuadamente su estrategia de seguridad y los avances que ha tenido.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi publicada en marzo pasado, el 66.2% de los mexicanos mayores de 18 años considera que en materia de delincuencia vivir en su ciudad no es seguro.

La cifra contrasta con la percepción de diciembre de 2018, cuando arrancó el actual gobierno. En ese momento, el 73.7% de los mexicanos se sentían inseguros.

Otro problema de comunicación se refiere al índice de homicidios dolosos, el dato más utilizado para descalificar la estrategia oficial de seguridad.

El caso más reciente es la amplia revelación en las redes sociales de Internet y los principales medios de comunicación de que los asesinatos de este gobierno superan a los cometidos durante el sexenio de Calderón.

Los defensores del odio olvidan que el homicidio es un delito común, y por tanto su prevención y sanción son responsabilidad de las autoridades locales.

Y otro elemento, frecuentemente repetido, es la voluntad de combatir las causas de la violencia a través de programas sociales.

La frase “Abrazos, no balas” se interpreta -en la propaganda negra- como sinónimo de rendición en el uso de la fuerza estatal legítima.

El problema es que, como revela un artículo de Alejandro Hope en el universalEn términos reales, la estrategia de López Obrador está lejos de ser débil.

Según el especialista en seguridad, en lo que va de sexenio ha aumentado el número de personas en prisión, debido a la modificación de las leyes penales para castigar más delitos con reclusión informal.

También hay un despliegue inusual de elementos militares en todo el país. Además de los 113.000 agentes de la Guardia Nacional, hay 97.000 soldados y marinos destinados, entre otras cosas, a la lucha contra el crimen organizado.

También fueron detenidos varios de los principales líderes de organizaciones narcotraficantes, como el Cártel del Noreste o el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los resultados reales, por tanto, van a contrapelo de la narrativa que abunda en internet o en los medios de comunicación, y que trasciende incluso a los organismos internacionales.

No es cualquier cosa. Pacificar un país requiere ante todo de la voluntad de todos los actores, especialmente de la sociedad.

Para lograrlo, es fundamental creer que se puede derrotar al crimen. Y en este terreno, el presidente López Obrador y su gobierno enfrentan un camino difícil.


Productor para México y Centroamérica para la cadena británica BBC World Service.
Periodista especializada en la cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Redactor jefe de En el Camino y presidente de Foot Journalists Network.

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