Prestige case: el laudo británico no puede ignorar la decisión del tribunal español, invocando la cláusula compromisoria del contrato de seguro.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado en el caso Prestige que el arbitraje interpuesto en Reino Unido no puede bloquear el reconocimiento de la sentencia dictada en España por la audiencia provincial de La Coruña que exigía el desembolso de 855 millones de euros para reparar los daños causados ​​por la marea negra, producto de la marea negra arrastrada por el buque.

En su sentencia, el TJUE confirmó que “(…) un laudo arbitral sólo puede impedir el reconocimiento de decisiones judiciales de otros Estados miembros si el contenido de dicho laudo también hubiera podido ser objeto de una decisión judicial dictada de conformidad con el disposiciones y objetivos fundamentales del Reglamento nº 44/2001”.

La decisión también responde a las preguntas preliminares planteadas por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales sobre si el reconocimiento podría denegarse porque existe una sentencia en el Reino Unido en los términos del laudo que tiene efectos que son irreconciliables con los de la decisión mencionada anteriormente. sentencia dictada por un tribunal en España.

El próximo noviembre se cumplirán 20 años del desastre del Prestige, un petrolero de bandera bahameña -matriculado en Liberia- que se partió en dos durante un fuerte temporal y se hundió frente a las costas gallegas. Transportaba 70.000 toneladas de petróleo pesado, que se derramó y causó grandes daños en playas, pueblos y aldeas de la costa norte de España y la costa occidental de Francia.

Por un lado, entre otras personas afectadas por los daños, la Fiscalía General de la Nación interpuso una acción civil ante los tribunales españoles, reclamando responsabilidad civil por el delito medioambiental. Esta acción condujo a la condena del capitán y de la aseguradora, la londinense P&I Club, que tuvo que responder por los daños causados ​​dentro del límite de 1.000 millones de dólares estadounidenses -aproximadamente 900 millones de euros-, estipulado en el contrato de ‘seguro’.

Tras la acción civil, la aseguradora inicia un procedimiento de arbitraje en Londres sobre la base de una cláusula del contrato. Este procedimiento dio lugar a un laudo arbitral en el que se declaraba que las pretensiones de indemnización de España ante los tribunales españoles debían haberse formulado en dicho procedimiento arbitral.

En el laudo arbitral también se concluyó que, de conformidad con otra cláusula del contrato de seguro (cláusula “pay to bepaid”), el London P&I Club no podía incurrir en responsabilidad frente a España si los propietarios del buque no hubieran pagado previamente por este daño.

El London P&I Club solicitó y obtuvo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la Cámara de Litigios Comerciales y Administrativos del Reino Unido, dictada en los mismos términos que el laudo arbitral. Esta sentencia fue confirmada tras el recurso interpuesto contra él por España, que solicitó a los tribunales británicos que reconocieran la resolución española que ordenaba la ejecución de la sentencia judicial del London P&I Club para reparar el daño causado. El TSJ de Inglaterra y Gales accedió a esta solicitud en mayo de 2019. Tras el recurso de la aseguradora contra dicho reconocimiento, decidió remitir determinadas cuestiones de interpretación de la normativa al TJUE.

Al respecto, el TJUE señala que “(…) el Reglamento 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una sentencia dictada por un tribunal de un Estado miembro en los términos de un laudo arbitral no puede impedir el reconocimiento en dicho Estado miembro de una decisión dictada por un tribunal de otro Estado miembro cuando un tribunal de ese primer Estado miembro no hubiera podido dictar una decisión con un resultado equivalente al del presente laudo sin contravenir las disposiciones fundamentales y los objetivos del presente Reglamento, en particular el efecto relativo de la cláusula compromisoria inserta en un contrato de seguro y las reglas de litispendencia”.

En cuanto al laudo obtenido por la compañía de seguros, advierte que, “(…) tal laudo dictado en los términos de un laudo, por el cual un tribunal arbitral se declaró competente sobre la base de tal cláusula compromisoria, podrá impedir el reconocimiento de una sentencia dictada en otro Estado miembro sobre una acción directa de daños interpuesta por el perjudicado le privaría de una reparación efectiva del daño sufrido”.

La sentencia concluye que, “(…) corresponde al tribunal que ha sido requerido para dictar sentencia en los términos de un laudo arbitral verificar el cumplimiento de las disposiciones y los objetivos fundamentales de las normas para evitar su elusión, tales como la realización de procedimientos arbitrales que contravengan el efecto relativo de la cláusula compromisoria inserta en un contrato de seguro y las reglas de litispendencia establecidas en el Reglamento.

Ver sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Papel C-720-2020.

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