Los otros cinco escándalos desde la adopción de Bitcoin

Unas 28.000 personas se han visto afectadas por el robo de sus documentos de identidad, cometido por quienes buscan cobrar los $30 que ofrece el gobierno por DUI.

A poco más de un año de la implementación de Chivo Wallet y la entrada en vigor de la ley Bitcoin, han surgido muchas inconsistencias y escándalos en torno a la billetera virtual.

Uno de los mayores fue el robo de identidad, que afectó a unas 28.000 personas que no pudieron registrarse en la aplicación cuando empezó a funcionar.

Este hecho llevó incluso a la Fiscalía General de la República a abrir una investigación al respecto.

Muchos sectores también han activado las alarmas por el riesgo de cometer otros delitos que pueden surgir ante la suplantación de identidad y robo de datos.

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Otro dato preocupante es la falta de transparencia en la adquisición de unidades de este criptoactivo. No es posible saber cuántas unidades ha adquirido el gobierno.

Estos son cinco serios contratiempos en la implementación de Bitcoin

  1. Chivo Wallet nació sin funcionar

En septiembre del año pasado, cuando se activó la aplicación Chivo Wallet, esta tuvo múltiples fallas técnicas que fueron fuertemente cuestionadas tanto por personas que habían descargado la aplicación como por expertos en bitcoin que regresaron al país luego de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin. Alrededor de 28.000 personas no pudieron acceder a la aplicación durante los primeros días. En redes sociales denunciaron que no podían realizar transacciones, lo que generó preocupación y desconfianza entre la población.

2. Fraude por DUI para cobrar $30

Chivo Wallet también presentó problemas con la suplantación de identidad. Muchos usuarios se quejaron de que no podían acceder a los 30 dólares ofrecidos por el presidente Bukele porque alguien más ya los había cobrado.

Las denuncias se han multiplicado, sobre todo a finales de 2021. Organizaciones como Cristosal han indicado que han registrado varios casos de suplantación de identidad a través de la arca estatal. A partir de octubre de 2021, representaron 717 informes de suplantación de DUI.

Foto/archivo EDH

3. Recursos públicos al servicio de los bitcoiners

En marzo se hizo pública una fotografía en la que aparece el presidente Bukele con inversionistas extranjeros y bitcoiners que han visitado el país y a quienes el gobierno ha recibido con lujosas cenas, obsequios y hasta viajes en helicóptero. Las atenciones ofrecidas por el gobierno han sido criticadas por la sociedad civil y por funcionarios de la oposición, quienes han denunciado gasto público en los invitados de Bukele.

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La falta de respuestas aumentó la desconfianza

Estas fallas, sumadas a la falta de soluciones por parte de la empresa Chivo, SA de CV, que parecía no tener respuesta a las fallas técnicas que presentó la aplicación en los primeros días posteriores a su lanzamiento, causaron preocupación y desconfianza entre los salvadoreños. El envío de fondos, por ejemplo, a través de monederos virtuales es inferior al 2%. Mientras tanto, los cajeros automáticos de Chivo instalados en distintos puntos del país permanecen vacíos y sin más uso.

4. Presunto uso de millones sin transparencia para usar Bitcoin

A poco más de un año de la supuesta primera compra de Bitcoin por parte de Bukele, aún no hay claridad sobre los procesos y mecanismos que tiene el gobierno para el desembolso de fondos públicos, a pesar de que distintas organizaciones y sociedad civil le pidieron al mandatario que hiciera esta información. transparente.

Desde septiembre de 2021, cuando Bukele dijo que compró el primer Bitcoin, y según sus propios datos, se han utilizado unos $107,1 millones de fondos públicos.

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5. La caída de los precios podría haber causado pérdidas millonarias

Tras las reiteradas caídas de Bitcoin, que en los últimos días alcanzó máximos históricos, El Salvador enfrentaría una pérdida de un millón de dólares por la supuesta compra de 2.381 bitcoins, según anunció el presidente Bukele.

Actualmente, la moneda está por debajo de los $ 16 mil millones. Con este derrumbe, los supuestos $107 millones invertidos se traducirían en $38,9 millones, con una pérdida de hasta $68,1 millones para el país.

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